Reivindicando el régimen del 78

El fenómeno de Podemos ha puesto de moda la idea de que la transición y el régimen constitucional que surgió de la misma fueron un paripé. Cada vez más va calando entre determinados sectores de nuestra sociedad, la idea de que la Constitución Española fue fruto de oscuros contubernios auspiciados por la dictadura franquista y que en España no gozamos de una verdadera democracia.
Constitución Española
Tragarse un sapo de tal calibre requiere una dosis de conformismo con el mensaje podemita que es equiparable, paradójicamente, al conformismo que ha llevado a España a la situación en la que se encuentra.
Así pues, si aceptamos la premisa de Pablo Iglesias y sus camaradas de que el régimen constitucional actual es fruto de pactos ocultos y antidemocráticos que han tratado de encorsetar a la sociedad española, de manera que ésta no puede expresarse libremente, queda subyugada por los poderes financieros y la justicia brilla por su ausencia, deberíamos quitarnos el sombrero frente a los conspiradores que en 1975 urdieron tamaño plan. Éstos han sido capaces de engañarnos durante todo este tiempo y además han convencido hasta a cinco Presidentes del Gobierno de España, junto con sus distintos ministros, para que ninguno de ellos descubriera el pastel gracias a una promesa: Que las puertas no dejarían nunca de girar. Han sido necesarios más de treinta años para descubrir tal conspiración y ello no habría sido posible sin Podemos. Esta inverosímil y simplificada historia puede gozar de cierta credibilidad, debido en buena parte al contexto actual, pero es harto digerible si se atiende al detalle de los acontecimientos que ha vivido nuestra democracia desde 1978, es decir, si no nos conformamos con darla por sentada.

Ahora bien, ¿qué pensarían si les dijera que ese conformismo que supone estar de acuerdo con la premisa de Podemos es la razón de que nuestro régimen constitucional esté en la situación actual? La falta de implicación de la sociedad civil española en la política y en el control sobre la administración es una característica indiscutible de nuestra joven democracia. Si hacemos un breve repaso de los resultados que han arrojado las elecciones generales desde 1978 observamos que tras cuarenta años de dictadura franquista la primera opción de los españoles fue un gobierno de centro derecha. Posteriormente, y tras un fuerte giro hacia el centro por parte del PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, optamos por darle una oportunidad a la socialdemocracia. El romance de la sociedad española con Felipe González duró catorce años e hicieron falta sonados escándalos y una fuerte crisis económica para que la derecha llegara al gobierno. El idilio con la derecha se mantuvo durante ocho años; probablemente hubiera durado más de no ser por los atroces atentados del 11-M los cuales perturbaron de tal modo al país que los ciudadanos optaron por cambiar de nuevo hacia un modelo socialdemócrata que días antes de la masacre no tenía viso alguno de alcanzar el poder. Posteriormente, y pese a que en los comicios de 2008 algunos ya advertían de la crisis que se avecinaba, la sociedad española siguió optando por su conformismo con el statu quo. En 2011, al vernos al borde del abismo, la memoria electoral de nuestra sociedad entró en juego por primera vez en toda la democracia y optó por el cambio con la esperanza de que la derecha encauzara, como hizo en 1996, la situación económica.

Puestas las cosas en perspectiva, se observa que la sociedad española se encuentra muy cómoda con el poder político en situaciones de relativa bonanza o de crisis no agudas y que únicamente opta por el cambio en situaciones críticas, sin ponderar poco ni mucho que es lo que interesa al país y a ella misma en el medio y en el largo plazo. Podría decirse que es una sociedad que opta por creer el mensaje de los líderes políticos y manifestar su desencanto con los mismos cuando las cosas no ocurren como se prometió. Sin embargo, no pone ese mensaje en tela de juicio antes de pasar por las urnas y por tanto no pone en valor adecuadamente su derecho de voto. Es cierto que en la actualidad tal vez esto sea pedir demasiado puesto que la tuerca está muy pasada de rosca, pero precisamente esa es una de las razones que motivan que premisas como las de Podemos tengan crédito entre un número tan considerable de españoles.
La razón de ese conformismo se encuentra en algo que para algunos parece una eternidad pero que, en realidad, es muy poco tiempo para una democracia: treinta y seis años. En comparación con democracias clásicas como la estadounidense, la británica y otras que no sufrieron totalitarismos a principios del S. XX, únicamente ha transcurrido un suspiro. A lo largo de ese suspiro los españoles identificamos, en cierto modo, los dos grandes partidos con los dos bandos de la guerra civil y muchos de los que nacimos en democracia hemos mamado esa identificación. Dicha identificación, que es consecuencia del conformismo al que venimos aludiendo, únicamente puede superarse con altura de miras. La misma altura de miras que tuvieron aquellos que durante la transición llegaron a un punto de encuentro para dar un paso hacia adelante. No hubo conspiración alguna para encorsetar a la sociedad española, únicamente se puso la primera piedra para que pudiéramos avanzar de una forma equilibrada y democrática todos juntos y no unos contra otros como venía siendo la tónica de nuestro país desde el S. XIX.
La superación del conformismo, por su parte, pasa por madurar como sociedad democrática. La madurez conlleva cambio y el cambio debe ir acompañado de reformas orientadas a consolidar los progresos que desde hace treinta y seis años venimos logrando, así. Reformas que, como dice el Profesor Benito Arruñada, deben ser rigurosas en su planteamiento y pasar por mejorar la información que nutre las preferencias de los ciudadanos. Deben implicar, por tanto, algo más que una nueva legislación o la creación de nuevos órganos.

Tras treinta y seis años de democracia todos somos más conscientes de lo que la misma implica, de los derechos y libertades que garantiza la constitución y del peligro que corremos de perder todo lo que hemos conseguido a lo largo de estos años si como ciudadanos no asumimos nuestra parte de responsabilidad en este nuevo escenario que ha planteado la crisis. Una responsabilidad que pasa tanto por analizar con mayor recelo el mensaje que recibimos de los líderes políticos como por perder el temor a que pueda producirse un cambio político que abra nuevos horizontes a la sociedad española, un cambio que necesariamente debe partir de lo ya conseguido y no de denostarlo ni menospreciarlo.

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