Trampas al solitario.

El Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero lleva por título: “por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.” La modificación de las tasas judiciales era algo demandado insistentemente y el gobierno ha tardado poco en reaccionar. Pero no es este el tema que me ocupa en el presente post.
A pesar de su denominación, en este Real Decreto-Ley encontramos, entre sus disposiciones finales, una relativa a medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias. Concretamente es la DF 3ª.

En virtud de la misma se prorroga por un año más una medida excepcional que se adoptó en 2008. Esta medida fue establecida por el Real Decreto-Ley 10/2008. Según su exposición de motivos se adoptaba con el objeto de evitar, dada “La reciente evolución de la actividad económica internacional [que] nos sitúa[ba] en un contexto excepcional”, la reducción obligatoria del capital de las sociedades mercantiles (S.L. y S.A.) como consecuencia de “las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias, el régimen societario aplicable, sin que ello suponga, por lo demás, alteración del correspondiente régimen contable.” (la negrita es mía). Aludiendo a “las pérdidas coyunturalmente significativas en determinadas compañías“.

De acuerdo con ello se estableció que las pérdidas derivadas del deterioro del inmovilizado material,  y de las inversiones inmobiliarias, reconocidas en las cuentas anuales, no computaran a unos efectos específicos. ¿Cuáles? A los efectos que determinan, de acuerdo con la normativa que regula las sociedades de capital, la posible disolución de la sociedad si esas pérdidas dejaran su patrimonio neto reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Posible disolución puesto que en estos casos la sociedad tiene una alternativa que consiste en aomentar o bien reducir el capital social en la medida suficiente.
De este modo sociedades con importantes inversiones en inmovilizado material, o que contaran con inmovilizado material en su activo se veían menos afectadas por esas pérdidas. El Real-Decreto de 2008 preveía que esta excepción tendría lugar con carácter excepcional en los dos ejercicios posteriores a su entrada en vigor (13 de diciembre de 2008). No es difícil deducir quien era el principal beneficiario de esta excepción. No obstante no puede negarse el posible efecto que esta controvertida medida, el mismo puede apreciarse en este excelente gráfico de @absolutexe.

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Transcurrido el término de vigencia que determinaba el Real Decreto-Ley de 2008 encontramos que el 31 de marzo de 2010, un nuevo Real-Decreto que lleva por título “por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal” en su artículo primero prorroga la medida expuesta. Su artículo primero dispone: “Se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante los dos ejercicios sociales que se cierren a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre.”

Un bonus de dos años para las empresas con inmovilizado material en su activo y con inversiones en el mismo. Justificando en la exposición de motivos que la medida “ha permitido amortiguar el impacto de la crisis en muchas empresas que, de otra manera, se habrían visto gravemente afectadas.” Aludiendo de nuevo a “La reciente evolución de la actividad económica internacional” y a “las pérdidas por deterioro, coyunturalmente significativas en determinadas compañías”, Así pues, nuestras empresas parece ser que no tuvieron suficiente con una excepción de dos años, y se les conceden otros dos años más para que saneen sus balances. Dos años después la situación internacional también seguía afectándonos de manera significativa y nos situaba en una situación excepcional que justificaba esta medida.
Esta vez encontramos que la medida esta vez no tuvo un impacto tan significativo, y si bien el ritmo de destrucción de sociedades de capital no fue tan alto como el que se vivió entre 2006 y 2007, el gráfico revela que el a partir de 2010 el número de extinción de sociedades se incrementa de manera considerable, sobre todo en Madrid.
Existe una posible explicación, y es que la prórroga de la medida se decretó en Marzo de 2010, cuando su vigencia estaba prevista para los ejercicios sociales de 2007 y 2008. Las pequeñas y medianas empresas suelen presentar sus cuentas anuales a final de año, de modo que a muchas es probable que la prórroga decretada en marzo de 2010 no les alcanzara al tiempo del cierre del ejercicio de 2009. Sería interesante averiguar que grandes compañías presentaban sus cuentas después de Marzo de 2010. Aunque también es cierto que en 2009, segundo año de vigencia de la medida originaria, el efecto de la misma es mucho menos acusado que en el primero.

¿Son suficientes cuatro años para que las sociedades de capital se desapalanquen? En España podría parecer que no, puesto que el Real Decreto aludido al principio de este post, el 3/2013, prorroga por un año más la posibilidad de que no computen las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias a los efectos que ya hemos explicado.
Y con una interesante novedad: “…así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.” Lo que viene a significar que las citadas pérdidas que supongan la insolvencia de una sociedad mercantil no motivarán que el acreedor pueda instar el concurso de acreedores.
Transcribo la justificación que recoge la exposición de motivos: “En este momento, dado que el proceso de consolidación bancaria va a suponer una nueva caída significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles, se hace necesario la aprobación de una nueva prórroga de esta medida, al menos, durante este año, que es el tiempo mínimo para negociar la reestructuración de los pasivos del sector, y ampliar su ámbito de aplicación para evitar que las empresas del sector inmobiliario entren en situación de concurso de acreedores. Se prevé que esta será la última prórroga que haga falta ya que los ajustes en el activo de las entidades en los últimos años van a suponer un correlativo ajuste en el pasivo.”
¡Por fin se alude sin tapujos a las empresas del sector inmobiliario!

De todo lo expuesto aquí concluyo varias cosas. En primer lugar esta medida pudo tener un efecto positivo para muchas sociedades de capital, ya que tras su aprobación se aminoró de forma notable el ritmo de destrucción de las mismas. Sin embargo, después del primer año la medida empieza a perder eficacia, y pese a las prórrogas posteriores no se observa una desaceleración del ritmo de extinción de sociedades, más bien al contrario.

De manera que el mantenimiento de esta medida es cuestionable, tanto en 2010, como ahora; si bien ahora se declara que tiene por objeto, ya no evitar la disolución de las empresas del sector inmobiliario, sino el posible concurso de las mismas. Que después de cinco años se mantenga esta medida de carácter excepcional es algo que pone de manifiesto, una vez más,  las desproporcionadas dimensiones de la burbuja inmobiliaria en España; además de una manifiesta y negligente lentitud en estallarla.
Pero no sólo eso. Porque la prórroga de esta medida, justificable en un primer momento; después del tiempo transcurrido para que las sociedades hagan los deberes y se desapalanquen, sólo encuentra justificación en el afán de mantener con vida una serie de empresas zombies, fuertemente apalancadas, que durante más de cinco años se han librado de la obligación de reducir capital, aumentarlo, o extinguirse. Ahora, habida cuenta de que se encuentran fuertemente endeudadas, también se les exime de someterse al procedimiento concursal. Se sobreentiende que los acreedores de esas empresas fuertemente endeudadas, son, en su mayor parte, entidades de crédito, y dada la obsesión con la necesidad de que fluya el crédito, esta medida viene al pelo. Ya no sólo se dilata la obligación de que estas empresas desaparezcan sino que también se dilata que se inste contra ellas un procedimiento concursal. Y es que mal negocio sería que después de que los bancos nos han endosado a todos sus activos tóxicos vía Sareb, se encontraran con el “regalo” de las empresas del sector inmobiliario.  

En definitiva, una vez más, nos hacemos trampas al solitario. Fiamos todo a que tarde o temprano las cosas cambien y no se ataca el problema de raíz. No se hizo en un primero momento, y puede que hacerlo ahora sea mucho peor. Sin embargo, por muchas patadas hacia adelante que demos, la pelota ni desaparecerá ni se hará más pequeña. Veremos si el año que viene volvemos a ver otra prórroga de esta controvertida medida.

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